Nueve organizaciones demandaron al Gobierno de Trump para impedir la presencia intimidatoria de agentes federales en centros de votación durante las elecciones.
Washington. Una coalición de nueve organizaciones de derechos civiles, defensa de inmigrantes y sindicatos presentó este viernes 18 de septiembre de 2026 una demanda contra la Administración del presidente Donald Trump para impedir que agentes federales armados sean enviados a centros de votación o sus inmediaciones durante las elecciones legislativas de noviembre.
La querella fue presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia e incluye como demandados al Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el Departamento de Justicia, el director del FBI, Kash Patel, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y otros funcionarios de la Administración. La acción busca una orden judicial que prohíba cualquier despliegue utilizado para intimidar, interrogar, detener o interferir con votantes y trabajadores electorales.
Qué alegan las organizaciones
Los demandantes sostienen que declaraciones públicas de altos funcionarios han creado un temor razonable, especialmente entre votantes afroamericanos, latinos, asiático-americanos, isleños del Pacífico, inmigrantes, ciudadanos naturalizados y personas pertenecientes a familias de estatus migratorio mixto. Según la coalición, la posibilidad de encontrarse con agentes armados puede disuadir a ciudadanos elegibles de votar o de trabajar en la administración electoral.
La demanda afirma que el Gobierno federal ha presentado como posible la intervención de agentes en lugares de votación para ejecutar órdenes de arresto o responder a amenazas. También cuestiona cambios en las salvaguardas internas contra la interferencia electoral y lo que los grupos describen como una expansión del poder ejecutivo sobre procesos que normalmente administran autoridades estatales y locales. La coalición pide que el tribunal declare ilegales esas prácticas y ordene su suspensión.
Las organizaciones invocan la sección 11(b) de la Ley de Derecho al Voto, que prohíbe intimidar, amenazar o coaccionar a una persona por votar, intentar votar o ayudar a otra a hacerlo. El texto legal también protege a quienes cumplen funciones oficiales relacionadas con las elecciones. La demanda sostiene que el efecto intimidatorio puede existir incluso si los agentes no detienen a ningún votante, porque su sola presencia armada puede alterar la conducta de quienes acuden a las urnas. uscode.house.gov
La norma federal sobre tropas en las urnas
El caso también se apoya en el artículo 18 del Código de Estados Unidos, sección 592, una disposición aprobada después de la Guerra Civil que sanciona ordenar, llevar o mantener tropas o personas armadas en un lugar donde se celebre una elección. La norma contempla una excepción limitada cuando la fuerza sea necesaria para repeler a enemigos armados de Estados Unidos. El estatuto prevé multas, prisión de hasta cinco años y descalificación para ocupar cargos federales. uscode.house.gov
Los demandantes diferencian esa prohibición de los programas tradicionales de observación electoral del Departamento de Justicia. La División de Derechos Civiles explica que sus observadores federales actúan bajo autorización judicial en determinados territorios y cumplen una función neutral de supervisión, sin realizar operaciones migratorias ni labores de arresto. El propio Departamento informó que su personal ha monitoreado elecciones primarias en varios estados para verificar el cumplimiento de las leyes de derecho al voto. justice.gov
Respuestas oficiales y antecedentes recientes
Mullin ha dicho que ICE no patrullará los centros de votación, pero ha dejado abierta la posibilidad de que agentes acudan si deben ejecutar una orden judicial o responder a una amenaza contra el lugar. Patel también fue cuestionado en el Senado sobre la intervención del FBI y no ofreció el compromiso solicitado por algunos legisladores de excluir a los agentes federales de los alrededores de las urnas.
La demanda presentada este viernes es la segunda acción federal de este mes relacionada con la presencia de agentes armados en lugares de votación. El 10 de septiembre, la ciudad de Denver, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos y otras organizaciones solicitaron medidas contra posibles operaciones de ICE durante las elecciones de medio mandato. Autoridades electorales de varios estados han comenzado a preparar protocolos para responder a agentes no autorizados, capacitar a trabajadores y coordinar eventuales medidas legales. axios.com
La disputa queda ahora en manos del tribunal de Washington, que deberá determinar si las declaraciones oficiales y las políticas cuestionadas justifican una orden preventiva antes de noviembre. Hasta el momento de esta cobertura no consta una decisión judicial que autorice o prohíba de forma general la presencia de agentes federales en todos los centros de votación. Para los electores, la diferencia clave será entre la observación civil de procesos electorales, realizada bajo normas específicas, y las operaciones armadas de inmigración o seguridad, que son el objeto central de la demanda.
Fuentes consultadas
- Protect Democracy: Civil rights coalition files federal lawsuit challenging threatened use of ICE and federal law enforcement at polling locations
- United States Code, House of Representatives: 18 USC 592: Troops at polls
- United States Code, House of Representatives: 52 USC 10307: Prohibited acts
- U.S. Department of Justice: About Federal Observers And Election Monitoring
- Axios: States prep for ICE agents to be at polls, just in case
